En cuanto a la relación entre Estados Unidos y Cuba, es menester comenzar por desfacer ciertos entuertos. Desde Dwight Eisenhower en adelante, todos los presidentes estadounidenses sostuvieron algún tipo de negociación con el régimen comunista de Cuba. Durante ese mismo periodo, todos los presidentes, salvo Gerald Ford, concluyeron algún tipo de acuerdo con la dictadura cubana. Esos acuerdos versaron sobre temas diversos, desde el intercambio de prisioneros, hasta el acuerdo que le permitió a Estados Unidos abrir una sección de intereses en La Habana, pasando por acuerdos para la exportación de productos agrícolas de los Estados Unidos hacia Cuba. Como revela ese último ejemplo, Barak Obama tampoco fue el primer presidente en levantar algunas de las sanciones contra Cuba aprobadas por decreto ejecutivo.

De hecho, el restablecimiento de relaciones diplomáticas es una novedad en lo fundamental por otra razón: las partes ponen fin de manera formal a las prácticas y objetivos que desplegaron durante la Guerra Fría. Cuba había hecho su parte desde principios de los noventa, cuando desaparece la Unión Soviética (y por ende, la alianza entre Cuba y ese país), y el régimen cubano deja de respaldar grupos irregulares armados en América Latina y el Caribe, o de enviar tropas para intervenir en guerras civiles de ultramar, como la de Angola. Si bien el ejecutivo estadounidense había abandonado ya su vieja costumbre de intentar asesinar a Fidel Castro, mantenía aún el objetivo fundamental de la Guerra Fría: conseguir un cambio de régimen en Cuba a través de medios coercitivos.

La contrapartida de la reducción en el número de conflictos armados en el mundo desde 1990 ha sido el incremento desde ese mismo año en los casos de aplicación de sanciones económicas entre Estados. En otras palabras, no hay menos guerras necesariamente porque existan menos conflictos de intereses entre Estados, sino más bien porque esos conflictos de intereses se resuelven en menor proporción que antes a través del empleo de la fuerza.

Pero es solo el ejecutivo estadounidense el que ha renunciado a ese objetivo: las principales sanciones fueron aprobadas a través de legislación del Congreso de los Estados Unidos, y estas siguen vigentes. Es improbable que las principales sanciones sean derogadas en el futuro previsible, dado que la ley Helms-Burton condiciona esa posibilidad al inicio en Cuba de la transición política hacia una democracia representativa. No cabe esperar una transición así durante la presidencia de Raúl Castro, la cual tendrá vigencia hasta 2018. Y aun si ese año se produjera el traspaso de la presidencia a un dirigente como Miguel Díaz-Canel (representante de una generación de dirigentes décadas más joven, compuesta por técnicos antes que por militares, y que no participó de la etapa revolucionaria del régimen cubano), una transición política (de producirse), podría aun tardar años. Presumo que no es inconcebible una eventual derogatoria o modificación de la propia Ley Helms-Burton. Pero dado que en el Congreso estadounidense no existe (ni probablemente existirá tras las elecciones de 2016), la mayoría necesaria para derogar normas que dieron origen a sanciones relativamente menores, es poco probable que se logre la mayoría necesaria para derogar o modificar la Ley Helms-Burton.    

El gobierno de Obama parece apostar a que, tarde o temprano, incluso una mayoría republicana en el Congreso habrá de constatar que el objetivo al que servían las sanciones (V., conseguir un cambio de régimen en Cuba mediante la coerción) se ha transformado en una quimera. Pero dada la tenue relación que mantienen con el principio de realidad un sinfín de congresistas republicanos (quienes prefieren ser indulgentes con sus pulsiones psíquicas,  para poder así negar el cambio climático o la teoría de la evolución), es probable que ello ocurra más tarde que temprano. 

Pero incluso en el hipotético escenario de un levantamiento de las sanciones económicas orientadas a producir un cambio de régimen en Cuba, ello no implicaría que en el futuro no puedan aplicarse sanciones económicas con otros propósitos. La contrapartida de la reducción en el número de conflictos armados en el mundo desde 1990 ha sido el incremento desde ese mismo año en los casos de aplicación de sanciones económicas entre Estados. En otras palabras, no hay menos guerras necesariamente porque existan menos conflictos de intereses entre Estados, sino más bien porque esos conflictos de intereses se resuelven en menor proporción que antes a través del empleo de la fuerza. Las sanciones económicas, aunque no apelan a la fuerza, no dejan de ser un medio coercitivo para resolver conflictos de interés. La mayoría de sanciones económicas se imponen aún por conflictos de interés de índole económico (en particular en torno a temas de inversión y  comercio), aunque cabe especular sobre la posibilidad de que la proporción de sanciones económicas aplicadas por conflictos de interés en el plano de la seguridad tienda a crecer con el tiempo (V., porque conflictos de interés que antes se resolvían a través de la fuerza, ahora tenderían a resolverse en mayor proporción a través de otros medios, como la imposición de sanciones económicas).