Una fuente diplomática me relató hace unos días que cuando Arturo Sarukhán, el entonces embajador mexicano en Washington, deseaba tener una conversación confidencial, invitaba a su interlocutor a salir de la misión diplomática porque estaba convencido de que en su oficina había aparatos de escucha sembrados por algún órgano de inteligencia.

Más allá de la veracidad de la anécdota, el diario británico The Guardian publicó hace dos domingos que documentos filtrados por el ex analista de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Edward Snowden, daban cuenta del espionaje que el gobierno estadunidense realizaba en contra de varias representaciones extranjeras en Washington y Nueva York. Entre los países espiados, dice un documento fechado en septiembre de 2010, se encontraba México.

Ya era tiempo de que México se sumara a las voces que han expresado su inconformidad con la mentalidad de la Guerra Fría que prevalece en Washington.

Ni este dato ni toda la polémica desatada por Snowden generaron mayor ruido en la relación bilateral. Hasta que Excélsior publicó el miércoles pasado pruebas irrefutables del interés que generan las comunicaciones en México para la seguridad interna de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos obtenidos por mi compañero Paul Lara —los más recientes datan de abril pasado—, el Departamento de Estado solicitó y obtuvo permiso para que equipo proporcionado por la empresa Verint fuera instalado en territorio nacional para interceptar, analizar y almacenar comunicaciones telefónicas y de internet.

Las intervenciones fueron pactadas por los gobiernos de México y Estados Unidos en febrero de 2007 —es decir, en el arranque del gobierno de Felipe Calderón—, en el marco de la cooperación antidrogas entre los dos países, que meses después sería formalizada como Iniciativa Mérida.

El acuerdo (http://goo.gl/LHxk0) permitía a Estados Unidos el acceso a la información obtenida por el equipo de Verint, que tuvo un costo para el erario de ese país cercano a los tres millones de dólares.

Cito el texto de Paul Lara: “Según se señala en el contrato, el equipo permite interceptar llamadas de destino de redes de Telmex, Telcel (TDMA y GSM), Nextel (iDEIM/GSM), Telefónica, Unefon, Iusacell (CDMA y TDMA), VoIP de Cisco Systems, paquete de datos de Prodigy, así como de otros prestadores de servicios de internet, y almacena hasta 25 mil horas. Tiene la capacidad de recoger, monitorear y registrar 60 llamadas simultáneas y mapearlas en segundos a nivel de calle, gracias al software MapInfo”.

A falta de mayores detalles sobre el funcionamiento del acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos, se puede suponer que cualquier comunicación hecha en las anteriores redes pudo haber sido escuchada y grabada, sin importar que se tratara o no de algo relativo a la lucha contra la delincuencia organizada.

Lo preocupante en este caso no es que el gobierno mexicano diseñe estrategias para combatir al crimen transnacional —de hecho, es su obligación constitucional hacerlo— ni que busque asociarse para ello con otros países, especialmente aquellos que tienen una alta responsabilidad en el desarrollo y crecimiento de este flagelo, en este caso Estados Unidos, por la enorme cantidad de drogas consumidas por su población, así como por la forma en que circula libremente todo tipo de armas en su territorio.

No; lo que preocupa de un acuerdo como el que dio a conocer Excélsior, y de ahí el interés público que entraña, es que no se conozcan las bases y los objetivos concretos de un programa que no sólo operó todo el sexenio pasado, sino que fue ampliado en 2012, como muestran los documentos.

Y debiera concernir a todos los mexicanos porque cabe la posibilidad de que las intercepciones referidas hayan violado leyes en México.

La revelación hizo reaccionar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Primero, mediante su vocero para temas de seguridad, el subsecretario Eduardo Sánchez Hernández, quien en conferencia de prensa dijo lo siguiente, el mismo miércoles 10, a pregunta de mi compañero Carlos Quiroz:

“Le informo que la Procuraduría General de la República está atendiendo este caso en específico, está haciendo la revisión de la documentación a la que justamente usted ha hecho mención y está procediendo con una investigación en el caso de que, derivado de estas acciones que hoy usted nos comenta, se desprenda la comisión de un delito”.

Y agregó: “La Procuraduría General de la República realiza esta investigación y dará cuenta del resultado en cuanto ello sea posible”.

—¿Sí garantiza el gobierno mexicano que no haya espionaje?— repreguntó el reportero de Excélsior y Grupo Imagen Multimedia.

—Desde luego que está prohibido por la ley, por la ley penal, el que haya espionaje y nosotros estamos atentos a cualquier denuncia en caso de que se detecte que hubiere este tipo de prácticas y caiga quien caiga, tendrá que responder ante las autoridades.

(Por cierto, vale la pena puntualizar que la respuesta del funcionario a la pregunta de un reportero de esta casa editorial nada tuvo que ver con temas mencionados en otros medios, como un spyware o el interés de Estados Unidos en tener información de primera mano sobre las reservas de energéticos de México, como puede comprobar cualquiera que revise la conferencia de prensa http://goo.gl/4fm3A)

Más tarde, en gira por el estado de Chihuahua, el Presidente de la República también abordó el tema. Lo hizo antes de viajar a la conferencia anual de Sun Valley, Idaho.

“Nosotros claramente hemos pedido, a través de la Cancillería, el que haya un informe a toda esta especulación y a todos estos temas que han surgido en prensa, que haya una explicación de parte del gobierno (de Estados Unidos) sobre este tema en particular; que haya una explicación que esclarezca estos señalamientos, o estas afirmaciones que se han hecho de un eventual espionaje, y que queremos tener, conocer si es tal y, obviamente, lo cual resulta totalmente inaceptable”, dijo Peña Nieto a pregunta expresa.

Al día siguiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó a Excélsior que había solicitado una explicación al gobierno estadunidense sobre el Sistema de Vigilancia Técnica México, como se denomina el acuerdo suscrito.

En breve conversación, el subsecretario para América del Norte, Sergio Alcocer Martínez de Castro, informó que la Cancillería había solicitado de manera formal al gobierno de Estados Unidos información para posteriormente evaluar y fijar una postura sobre los equipos para interceptar comunicaciones, que fueron instalados en México en 2007.

Habrá que dar seguimiento al tema. Por ahora, no existe evidencia —fuera de una información en la página de internet de Verint— de que el programa puesto en marcha durante el gobierno anterior haya sido confirmado por este gobierno.

En cambio, de lo que sí existe evidencia es de que los cambios hechos por el gobierno de Peña Nieto en la forma en que los dos países intercambian información sobre seguridad no fue bien recibida en un primer momento por Washington. Y si nos atenemos a las palabras del Presidente en Chihuahua, el programa de espionaje no parece contar con su aval.

Ya era tiempo de que México se sumara a las voces que han expresado su inconformidad con la mentalidad de la Guerra Fría que prevalece en Washington.

Hace falta decirle a nuestro socio y aliado —que eso es Estados Unidos— que una relación asimétrica no debe ser una relación de subordinación.

Subrayarle que, pese a todas las presiones conservadoras para tapiar la frontera común, no es México por donde se han filtrado las amenazas terroristas, sino por sus propios aeropuertos y la frontera con Canadá.

Y recordarle que estamos metidos en una guerra contra el crimen organizado —cuyos resultados debemos evaluar permanentemente— en buena medida por decisiones cuestionables que se han tomando del otro lado de la frontera.

Por otro lado, hay que insistir en la privacidad como valor y pilar de la democracia. Una sociedad espiada masivamente no es una sociedad más libre ni más democrática, por más que se diga que se espía para enfrentar a los enemigos de la libertad y la democracia. Y tampoco es una sociedad más segura. Nomás hay que ver los resultados.

* Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior de México.