Desde hace más de un lustro, cuando se conoció el diferendo peruano-chileno por la delimitación del espacio marítimo de ambos países, tomando como base la llamada Línea de la Concordia, se ha añadido un elemento adicional a la cuestión marítima de Bolivia.
Habrá que advertir de que se trata de un asunto bilateral. Bolivia no ha participado -obviamente no ha suscrito nada- en el arreglo de la “partija” de 1929, cuando Chile retuvo el territorio de Arica, que fuera peruano antes de 1879, y devolvió Tacna al Perú. Pero, aunque bilateral, se piensa que pudiera afectar una expectativa de solución a la mediterraneidad. Esto justifica que haya generalizada intranquilidad y preocupación en Bolivia.
Si Chile tuviera la intención de ceder a Bolivia una franja al Norte de Arica y el límite marítimo con el Perú se inclinara al sudoeste, el límite de Bolivia, conservado el ancho de la costa del territorio otorgado, también se desplazaría paralela en ese sentido. Resultado: no habría obstáculo físico.
Este es un asunto que debe ser manejado con prudencia y realismo. El chauvinismo no ayuda a comprender, ni su alcance ni sus consecuencias, más aún cuando el gobierno de Chile, país al que reclamamos la solución de la mediterraneidad de Bolivia, ha venido sosteniendo que la pretensión peruana haría imposible que nuestro país obtenga una salida útil al mar, refiriéndose obviamente a un corredor al norte de Arica; es decir, si la Corte Internacional de Justicia, que conoce este litigio, fallara en favor de la tesis peruana.
Aquí hay que separar dos asuntos:
Primero: ¿la advertencia chilena se basa, en verdad, en la disposición de Chile a ceder a Bolivia una franja territorial hasta el mar, como solución a la mediterraneidad, como la que fue materia de negociaciones en 1975?
Segundo: ¿se trata de un esfuerzo chileno para que el gobierno de Bolivia se alinee frente al Perú simplemente ofreciendo una remota posibilidad que no tiene intención de concretar una cesión de un territorio?
Porque en Chile ahora persisten las posiciones abiertamente opuestas a este tipo de solución, como se vio con las reacciones adversas ante la simple referencia de Fidel Castro a la presidenta Bachelet de que debería solucionar este problema de interés continental y, luego, las constantes y terminantes declaraciones del actual presidente Piñera en el sentido de que Chile no cederá soberanía en un eventual arreglo de la cuestión marítima, porque está vigente el Tratado que definió los límites entre los dos países.
Ciertamente esta estrategia chilena parece que, en un tiempo, rindió frutos. Como es su estilo, el presidente Evo Morales creyó necesario afirmar en la etapa inicial del diferendo (había una mala relación con el presidente peruano Alan García Pérez) que “la actitud del Perú y de algunos círculos cruceños (la obsesión contra Santa Cruz es una charada recurrente en el oficialismo) entorpecen las negociaciones marítimas”.
Es notorio que el presidente no contaba con la información correcta. Sin una negociación con Chile sobre la mediterraneidad -solo se sabía de la vaguedad de la mentada agenda bilateral- se atribuyó al Perú el designio de buscar, con su demanda, “afectar y retrasar una de las posibles soluciones a nuestro pedido histórico que es su acceso soberano al mar”. Es ostensible que no estuvo, y no está, enterado de las posiciones de Perú y Chile. Tampoco tiene la certeza de que la tesis peruana realmente entorpecería una eventual solución a nuestra mediterraneidad, con una fórmula como la de 1975.
Pero en el terreno de la suposiciones: si Chile tuviera la intención de ceder a Bolivia una franja al Norte de Arica y el límite marítimo con el Perú se inclinara al sudoeste, el límite de Bolivia, conservado el ancho de la costa del territorio otorgado, también se desplazaría paralela en ese sentido. Resultado: no habría obstáculo físico. Más aún, podría suceder que el desplazamiento sea menor, si la Corte de La Haya fallara por una solución intermedia. Este es un mapa que prueba este aserto:
Para Chile, la frontera marítima con el Perú es la línea del paralelo (línea azul), lo que deja sin mar a las provincias peruanas del sur. El Perú, en tanto, considera que le correspondería seguir una prolongación de sus costas (línea verde). Lo justo y equitativo para ambos países sería trazar una línea media (línea roja) para definir la frontera entre ambos países.
Aunque el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya establece: “si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir”, sería muy difícil -y ahora extemporáneo- que la Corte considere legítimo un interés jurídico de Bolivia en esta delimitación.