Numerosos acontecimientos de índole sociopolíticos siguen remeciendo el último periodo político de Chile. Es sabido que desde 2011, las protestas y manifestaciones de diversos movimientos, estudiantiles primeros, y sociales después, han aflorado semana a semana en la nación gobernada por la coalición de centro derecha liderada por el empresario y político, ó viceversa, juzgue usted, Sebastián Piñera.

Así, el reclamo y repudio social frente a determinadas políticas públicas y económicas no se han hecho esperar, lo que se ha visto reflejado en la pauta diaria de los medios de comunicación. Pero ¿cuál es fenómeno que está surgiendo? De manera incipiente en el país, y en gran parte de la región, está haciéndose notar lo que en ciencia política se denomina accountability, aspecto referido a la facultad de asegurar que agentes públicos rindan cuentas por su desempeño entendiendo por esto, tanto la obligación de informar y justificar sus decisiones, y la posibilidad de ser eventualmente sancionados por ellas. Un término que se enmarca bajo dos dimensiones, una legal y otra política.

La primera hace referencia a aquellos mecanismos institucionales diseñados para asegurar un marco legal. La segunda, se refiere en cambio, a la capacidad del electorado para hacer que las políticas gubernamentales se adecuen a sus preferencias, según lo explican autores como Przeworski, Stokes y Manin, entre otros.

Pero si esto es posible, ¿qué o cuales parámetros permiten que esto así ocurra? El sistema democrático es en buena parte el cimiento fundamental que permite ejercer el derecho de la sociedad civil de participación y análisis crítico de los poderes que se constituyen en un regimen político.

Lo importante es que la ciudadanía está ejerciendo ese derecho social de velar por el bien común, y el mandato representativo se encuentra ahora bajo la supervisión de una combinación de mecanismos formales e informales, orientados a lograr que los representantes actúen responsablemente y teniendo en cuenta los intereses de la gente.

En este sentido complicado por decir lo menos, se presenta cualquier intento que analice el concepto de democracia. Clasificarla, definirla o simplemente adjudicarle algún valor es tarea complicada para quien se proponga esta misión. Ya su origen etimológico es amplio, gobierno del pueblo, y se remonta a unos 500 años antes de Cristo, en la Atenas de Perícles. En este sentido hay que destacar que el sello o característica fundamental que se le imprimió al concepto era la participación directa de los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones colectivas.

Sin embargo, ya en esos años el significado de la palabra generaba inconvenientes, puesto que en la antigua polis griega solo aquellos hombres nacidos de padres ciudadanos tenían plenos derechos, quedando excluidos los extranjeros, los esclavos y las mujeres de poder participar. De esta manera se presentaba un primer inconveniente en el análisis como gobierno del pueblo, el derecho de ciudadanía, que no era un derecho natural de toda la humanidad.

La discusión sobre la definición acerca del concepto está atravesada por diferentes debates. Desde los antiguos griegos hasta Rousseau en su Contrato Social. Se pensaba a la democracia como democracia directa, en la cual los ciudadanos ejercen el derecho a la participación en la toma de decisiones sin intermediación. El término se asocia desde entonces, con soberanía popular, voluntad general e interés común. Esta concepción tradicional se articula en torno al protagonismo central del pueblo concebido como soberano, como un todo homogéneo, capaz de producir una voluntad colectiva. Los protagonistas de este tipo de democracias son los hombres, capaces de identificar aquello que constituye el bien común. Baste considerar que estas concepcionesfueron elaboradas para sociedades pequeñas, tal cual se presentaban en las polis griegas, donde el grado de complejidad social era reducido.

Ahora en cuanto a la democracia, como la vemos en la actualidad, ésta surge gracias a la aparición del Estado Nacional Moderno, “hecho histórico que dio lugar a la formación de un conjunto de instituciones políticas nuevas, como la representación, los mecanismos de elección de autoridades y la noción de derechos políticos y civiles entre otros”, como lo indican Aznar y de Luca. O sea, surge la democracia representativa y el modelo de representación política, que tiene relación con la titularidad y el ejercicio del poder. En este, Hobbes, por ejemplo en su Leviatán, explica la constitución de un poder común, a través del cual se efectúa el paso del estado de naturaleza o de guerra de todos contra todos, al estado civil o de paz. Según este autor, el soberano del poder podía ser tanto un individuo, un grupo o una asamblea. El argumento central, entonces, era proteger la libertad y la seguridad de los individuos por medio de un gobierno fuerte. Es posible sostener entonces, que en su teoría, Hobbes ya presentaba algunas directrices hacia la democracia representativa. 

Locke, por su parte, argumentaba que lo central en un gobierno es resguardar la libertad y la propiedad, por lo que el poder político debía ser limitado y controlado por los gobernados. “El pueblo confía su libertad y sus derechos, que por ley natural le corresponden, a un gobierno para que los proteja y defienda, pero al que puede revocar si incumple su pacto” (Ensayo sobre el Gobierno Civil).

En el concepto de democracia moderna entonces -a diferencia de los antiguos- se incorpora el tema de la división entre la titularidad y el ejercicio del poder, el principio de la mayoría, el constitucionalismo y la representación política. Se habla entonces de democracia representativa, régimen que acompaña la conformación de un Estado liberal-constitucional.

Si bien existen diversos matices, la concepción moderna del término, la democracia liberal, hace referencia a un sistema político basado en el poder popular, en el sentido que la titularidad del poder pertenece al pueblo, mientras qué el ejercicio es confiado a representantes periódicamente elegidos. Por consiguiente, el ejercicio del poder popular se resuelve en gran medida en el poder electoral. Para esta tradición democrática, el individuo es un sujeto fundante. En su calidad de ciudadano, es un sujeto político que hace conocer su voluntad para que esta sea parte de la voluntad gobernante. 

Lo importante es que la ciudadanía está ejerciendo ese derecho social de velar por el bien común, y el mandato representativo se encuentra ahora bajo la supervisión de una combinación de mecanismos formales e informales, orientados a lograr que los representantes actúen responsablemente y teniendo en cuenta los intereses de la gente.