El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la controversia limítrofe entre Colombia y Nicaragua, obliga al Estado colombiano a ceder el control que de facto ejercía sobre unos 75.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo. El fallo de la CIJ, en la controversia limítrofe entre Chile y Perú, obliga al Estado chileno a ceder el control que de facto ejercía sobre unos 22.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo. Parece razonable presumir que de haber buscado una negociación bilateral, tanto Colombia como Chile podrían haber obtenido resultados mejores que los que obtuvieron a través de los fallos de la CIJ. ¿Por qué entonces no buscaron esa negociación?

Una respuesta posible es que ambos países sobrestimaron la fortaleza jurídica de su propio caso. El caso colombiano se basó en el argumento de que el Tratado Esguerra-Bárcenas de  1928 había definido el límite marítimo con Nicaragua. El caso chileno se basó en el argumento de que la Declaración de Santiago de 1952 había definido el límite marítimo con el Perú. La CIJ desestimó ambos argumentos, en el primer caso al rechazar en Diciembre de 2007 la excepción preliminar presentada por Colombia, en el segundo caso a través del fallo que emitió en Enero de 2014. A contramano de la tendencia a emitir fallos “salomónicos” que el ex presidente Eduardo Frei le atribuyera a la CIJ, sus decisiones en estos casos fueron categóricas. De un lado, la Corte rechazó por unanimidad el cuestionamiento colombiano de su competencia en materia de delimitación marítima. De otro lado, la Corte desestimó en pocas líneas y sin ambages el argumento chileno de que la Declaración de Santiago (documento que no contiene la palabra “límite”, y que solo menciona la palabra “frontera” dentro de la frase “frontera terrestre”), constituía un tratado de límites marítimos. 

En otras palabras, la explicación de por qué Colombia y Chile no buscaron un acuerdo bilateral con Nicaragua y Perú (respectivamente), no parece ser la confianza en la fortaleza de sus argumentos jurídicos.

En otras palabras, la explicación de por qué Colombia y Chile no buscaron un acuerdo bilateral con Nicaragua y Perú (respectivamente), no parece ser la confianza en la fortaleza de sus argumentos jurídicos. Una explicación alternativa sería aquella que proveen los hallazgos tanto en psicología social como experimental. En otra ocasión mencionamos el fenómeno conocido como “Endowment Effect”, el cual podría traducirse como “Efecto de Dotación”. Chile ejerció control efectivo sobre el espacio marítimo en controversia por más de medio siglo, mientras Colombia lo hizo por más de ochenta años. El “Efecto de Dotación” sugiere que la posesión efectiva de un bien genera en quien la ejerce la convicción de que le asiste un derecho de propiedad o, en (en este caso), de soberanía. Es decir, no parecía existir duda alguna entre chilenos y colombianos sobre el hecho de que las zonas en controversia les pertenecían.

A eso habría que añadir otro hallazgo de la psicología, que da en denominarse “Reactive Devaluation” (lo que podría traducirse como “Devaluación Reactiva”). Alude a que en situaciones de conflicto no solemos evaluar las propuestas de quien es percibido como un rival con base en su contenido, sino con base en la identidad (potencialmente hostil) de quien la formula. En otras palabras, qué se propone importa menos que quién lo propone. En los casos que abordamos, operaría la siguiente lógica: sería altamente improbable que tanto la opinión pública como las élites en Chile acepten entregar el control de un espacio en controversia simplemente porque el Estado peruano lo demanda (sobre todo cuando Chile posee una amplia superioridad militar sobre el Perú, y por ende la pérdida de control territorial no podría ser racionalizada como un acto de realismo político, como al parecer ocurrió en Crimea). Sí resulta tolerable, sin embargo, ceder el control del mismo territorio cuando la decisión proviene de un tercero neutral, al que las partes reconocen la legitimidad necesaria para decidir sobre la materia. Pese a la reciente decisión de su Corte Constitucional, creo que tarde o temprano Colombia hará lo mismo que Chile.