Desde hace aproximadamente una década, en Perú se han venido ejecutando más proyectos de cobre de talla mundial, como Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, así como otros importantes como Constancia, Antapaccay y Toromocho. La suma de estos ha permitido duplicar la producción de este metal en el país, consolidando a Perú como el segundo productor de cobre en el mundo.

Actualmente, dos proyectos adicionales están por entrar en producción: Marcobre y Quellaveco. Esto consolidará aún más la posición local en el mercado global. Y es que, solo entre 2011 y 2019, se ha pasado de producir 1,24 millones de toneladas finas a 2,46 millones, teniendo una ligera baja en 2020 producto de la pandemia.

Lamentablemente, lo mismo no está ocurriendo con otros metales como el oro, cuya producción viene disminuyendo año a año por falta de nuevos descubrimientos o por autorizaciones cada vez más engorrosas. Dicho esto, Perú mantiene una fortaleza geológica enorme y muchas empresas siguen interesadas en nosotros. Sin embargo, la situación política genera demasiada incertidumbre, que hace que los inversionistas retrasen sus proyectos hasta no tener reglas claras, sobre todo en el campo tributario, que es donde se han dado diferentes versiones.

En este escenario, el gobierno debería dejar de lado cualquier intento de incrementar la carga tributaria a las empresas mineras y concentrarse en darle un mejor uso al dinero que ya viene recaudando en ese sector. No es poca cosa. Cada año se dejan de gastar entre S/ 10.000 y S/ 15.000 millones por falta de capacidad de los gobiernos regionales.

Debemos tener en cuenta que, en los últimos 10 años, el sector minero ha aportado alrededor de S/ 40.000 millones, y de este monto solo se ha ejecutado el 60% en obras, que en su mayoría, han sido demandas insatisfechas, ante sus necesidades de salud, educación, agua, entre otros proyectos de infraestructura básica.

Pese a la incertidumbre, algunos nuevos proyectos continúan apareciendo. No obstante, se espera que en los próximos años no se den inversiones importantes. Por eso es que debe darse todo el apoyo necesario al sector minero para lograr consensos con la población y se pueda ejecutar el mayor número de proyectos listos para iniciar construcción. Inversiones dejadas de lado como los US$ 4.800 millones de Conga o los US$ 1.500 millones de Tía María ayudarían a cerrar brechas en el país.

Asimismo, el gobierno debe actuar como un aliado para seguir promoviendo la inversión durante los próximos años. En el campo social, debe tener mayor y mejor acompañamiento a los inversionistas, para generar la confianza que se espera por parte de las comunidades hacia los proyectos mineros. Esta es una tarea primordial si queremos que no solo que se ejecuten los actuales proyectos, sino que se descubran otros nuevos.

Y en el campo regulatorio, debe optimizarse el marco normativo actual que hoy solo genera demoras en la ejecución de proyectos mineros. Aquí el gobierno debería tener una regulación diferenciada por tamaños de operación, dado que las empresas pequeñas y medianas tienen ciclos de vida menores en sus componentes mineros que las grandes. La idea es tener un sistema de permisos y autorizaciones, en donde se cumplan los plazos establecidos (menores tiempos) y los inversionistas puedan tener mayor certidumbre.

Finalmente, no debemos descuidar la competitividad del país, no solo para el sector minero, sino para el resto de los sectores de la economía nacional. Esto implica en impulsar proyectos de infraestructura como puertos, aeropuertos, carreteras, líneas férreas, entre otros, para reducir los costos logísticos de nuestros minerales y por ende los costos de producción, que motivarían la decisión de los inversionistas de seguir apostando por Perú, especialmente en el sector minero.