Hay un ambiente de desasosiego en el país. Existe desilusión por los gobiernos que nos ha traído la democracia. Se entiende. La economía lleva dos años floja. Tlatlaya nos enseñó que siguen presentes los abusos a los derechos humanos. Iguala fue un recuerdo de que la barbarie domina en algunas regiones. Los casos de corrupción abundan en todos los niveles gubernamentales. Los periodistas que destapan las cloacas son despedidos de su trabajo. Se habla, luego entonces, de anular el voto en las próximas elecciones, de no ir a votar o de boicotear los comicios. Entiendo y comparto el ambiente negativo que existe. Pero de ninguna manera estoy de acuerdo con castigar a la democracia, una democracia muy nueva, todavía frágil, que nos costó mucho trabajo y dinero construir. Sí: son tiempos de desasosiego, pero no podemos caer en una tentación autoritaria.

Lo que está sucediendo en Guerrero es muy grave para la democracia. Los maestros de ese estado están diseñando un plan para boicotear las elecciones del 7 de junio. Ahí no sólo elegirán diputados federales en nueve distritos, sino todas las autoridades locales: gobernador, 46 legisladores y 81 alcaldes. Según la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y el Movimiento Popular Guerrerense, el boicot a las elecciones es para “exigir la localización con vida de los 42 estudiantes de Ayotzinapa que están desaparecidos desde finales de septiembre pasado, así como demandar justicia por el asesinato del normalista Alexander Mora Venancio, miembro de la comisión política de la Ceteg”.

Los profesores de la CETEG realizan todo tipo de maniobras para frenar los comicios. Quieren crear “gobiernos populares” en los 81 municipios.

La demanda suena razonable, pero es mentira. La Ceteg en realidad está presionando al gobierno federal para que en Guerrero no se implemente la Reforma Educativa. En particular están muy preocupados porque a partir de enero la Federación es la que está pagando los sueldos: ya no tendrán el poder de manipular al gobierno local a fin de abusar de la nómina magisterial.

El plan de los maestros contempla “tomar todas y cada una de las sedes de órganos electorales en el estado y vigilar a los aspirantes a puestos de elección popular”. En diciembre del año pasado la Ceteg, efectivamente, tomó las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chilpancingo, Acapulco, Ayutla y Tlapa. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, admitió que en ese momento no había condiciones para llevar a cabo los comicios en Guerrero, aunque esperaba que en los meses siguientes se construyeran. Hoy el IFE capacita a los funcionarios electorales de manera furtiva en varios municipios. Además, ante la posibilidad de ataques en actos de campaña, el INE está solicitando que la Policía Federal resguarde a los candidatos a la gubernatura.

Día con día, los profesores de la Ceteg realizan todo tipo de maniobras para frenar los comicios. Quieren crear “gobiernos populares” en los 81 municipios. ¿Y quién controlaría a esos gobiernos? Pues ellos. Arropados en una demagogia revolucionaria, están poniendo en jaque el régimen democrático de ese estado.

En Morelos, entidad colindante con Guerrero, la democracia también se está viendo amenazada, pero por otro actor autoritario: la delincuencia organizada. Ayer nos enteramos que seis candidatos del PAN abandonaron el proceso electoral luego de recibir amenazas de secuestro y extorsión. Se trata de los candidatos a presidentes municipales de Amacuzac, Coatlán del Río, Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango y Tetecala de la Reforma. El líder panista de Morelos dijo que su partido está dispuesto a no presentar a candidatos si no existen garantías de seguridad para ellos.

Es importante decir que no toda la democracia está amenazada en todo el país. Los malos augurios son en algunas regiones. Pero no por eso podemos soslayar el problema. Al revés, debemos tomarlo como una llamada de atención muy seria y hacer todo lo posible para que las campañas y los comicios se lleven a cabo en condiciones de normalidad en toda la República Mexicana. En eso debemos concordar todos los que pensamos que la democracia liberal es el mejor sistema político. Porque, de lo contrario, ¿cuál es la alternativa? ¿“Gobiernos populares” controlados por el sindicato de maestros o criminales como José Luis Abarca?

*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.